Algunas acciones realizadas por manifestantes en la última semana en Catalunya solo tienen un resultado: reforzar al estado. El debate de si son infiltrados, grupos organizados, provocadores, manifestantes muy quemados o black blocks es ahora algo en lo que no entraré. Entro en el resultado.

La no violencia es más lenta, con más costes al principio, pero mucho más eficaz como lucha política. Ya no entro en consideraciones éticas, que las hay muchas, y como activista siempre he rechazado este tipo de acciones. Simplemente ni tan siquiera son eficaces. El estado desea mantener el problema catalán en un problema de orden público, ya que le es mucho más cómodo que tratarlo como un problema político.

Igual que al estado le era más cómodo mantener el tema vasco en un problema de terrorismo y orden público que le permitió aplicar una ley de partidos para ilegalizar las fuerzas independentistas o cerrar diarios, al estado español le interesa que seamos un problema de índole de orden público más que político. Todo acto que hagamos que refuerce ese marco sirve para que las noticias oscilen alrededor del marco de la violencia (policial y de los altercados callejeros). Llevamos días sin hablar de la sentencia ni del derecho a autodeterminación ni de democracia. Solo de si hay hogueras, altercados o violencia policial. Tampoco hablamos de las enormes manifestaciones, de los millones de activistas y manifestantes que de forma mayoritariamente pacífica han demostrado su rechazo a la represión y la sentencia infame.

Pero hay otra violencia aún peor. Hay centenares de vídeos gravados y testimonios, pero me quedo con el informe de Amnistía Internacional que valora lo que ha ocurrido en la calle estos días. Desde el uso indiscriminado de material antidisturbios, pasando por prácticas que ponen en riesgo la vida de las personas como los “carruseles”, a un abuso de las soluciones de orden público que acaban con la disolución de las manifestaciones. Una violencia policial que se ha visto estos días desmedida y poco proporcionada.

Todos además hemos visto actuaciones más que cuestionables de unidades y agentes en concreto especialmente del Cuerpo de Policía Nacional pero también de Mossos.

Los manifestantes tenemos la necesidad de aislar los violentos y rechazarlos. En algunos lugares se ha logrado, y durante años hemos tenido manifestaciones escrupulósamente pacíficas. Y en ello nos hemos de conjurar todos los que salimos a la calle.

Los políticos tenemos la obligación de llamar a la calma en las manifestaciones que participamos y denunciar cualquier actitud violenta. Y yo soy el primero en rechazar las acciones que intencionadas o no, provocadas o no, conllevan una percepción de nuestro movimiento independentista como agresivo, y que justifique ser tratados como un problema de orden público y no como un problema político.

Ahora bien, cualquier llamada a la calma por parte de los políticos no es creíble si antes no hacemos una denuncia clara contra las acciones desproporcionada de una policía que esta sí que controlamos, o deberíamos controlar. Al menos en Catalunya el cuerpo de Mossos d’Esquadra. Y creo que merece que podamos al menos exigir algunas cosas:
– Depurar las acciones que están gravadas y hay pruebas que han realizado algunos agentes y unidades y que están fuera de cualquier ética y protocolo.
– Exigir que no se usen balas de goma por parte del CNP. Aunque el Parlament no puede legislar sobre este cuerpo, al menos los políticos catalanes podemos denunciar su uso.
– Exigir la erradicación del protocolo de prácticas que se han demostrado muy peligrosas para la vida de las personas como pueden ser los carruseles.
– Abogar por un uso más extensivo de formas de investigación, prevención y mediación que ayuden a aislar a los posibles violentos, que reduzcan la necesidad de cargas y que faciliten el respeto al derecho a la libre manifestación.

Y en especial, reconocer que no todo se ha hecho bien y no todo se está haciendo bien.

Lo que he descrito no es excesivo, se puede hacer en un plazo corto (o al menos iniciarlo), aunque no entra a otros elementos más de fondo que también hay que trabajar o a una depuración de responsabilidades políticas en la que no me toca entrar y menos siendo diputado de la comisión de interior del Parlament tratándolo en un artículo de opinión . Pero creo que si queremos ser creíbles en las llamada a la calma, lo primero que tenemos que hacer los políticos es intentar garantizar que las personas que van a las manifestaciones no se encontrarán enfrente una policía que va a realizar abusos o ejercerá una violencia que entidades como Amnistía Internacional está considerando excesiva y poco apropiada.